La medida obtuvo 25 votos a favor y 21 en contra
Durante los trabajos de la sesión ordinaria de ayer jueves, 10 de febrero de 2022, la Cámara de Representantes derrotó la resolución que autorizaría el pago a bonistas y otros acreedores como parte de la negociación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
La Resolución Conjunta de la Cámara 278, incluía como parte del Presupuesto General de Gastos del Gobierno para el Año Fiscal 2022, una asignación presupuestaria del Fondo General de $12,427,515,463 y un pago de $10,906,960,073 para cumplir con el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno para un total de $23,284,475,536.
‘’Esta resolución conjunta lo que disponía es que la legislatura autorizaría el pago a ciertos acreedores y desembolsos según los acuerdos pautados con el gobierno y avalado por la jueza Swain. Hay una parte importante y es que con este pago de más de $4 billones podrían haber sido destinados a distintas entidades que impactan positivamente al país’’, expresó el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez.
‘’En esencia, esta medida permitía y autorizaba que el Departamento de Hacienda hiciera los pasos correspondientes según el acuerdo de deuda ya aprobado por el tribunal‘’, agregó Santa Rodríguez.
La resolución contenía una serie de condiciones requeridas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con las que tenía que cumplir el gobierno para que se autorizara el desembolso de unos $22 millones que se necesitaban para formalizar el pago de nómina hasta el 30 de junio de los exempleados de la AEE que se mantuvieron en el gobierno, pero no pasaron a trabajar con LUMA Energy.
Asimismo, la medida contenía otros cambios que beneficiarían a los gobiernos municipales al incluir, como modificaciones al presupuesto vigente, una asignación adicional de $5.8 millones mediante los parámetros de la Ley del Fondo de Administración Municipal.
Temprano en la tarde, el presidente cameral manifestó que ‘’lo idóneo era respaldar esta resolución, ya que no apoyarla sería un mensaje claro de las personas que quieren que la Junta de Control Fiscal permanezca en Puerto Rico, por lo que era imperativo vencerla nuevamente’’.
Según Hernández Montañez, mediante esta resolución se establecían las guías claras respecto a dónde se iban a colocar los recursos para hacerle justicia salarial a la gente. De igual forma, se hubiese enviado un mensaje claro y contundente hacia dónde se dirigiría el país para salir de la quiebra’’.
En total, los acuerdos incluidos en el PDA reducen la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico en aproximadamente un 50%. En otras palabras, la deuda pública se reduciría de aproximadamente de $70,000 millones a $34,000 millones, y la deuda de bonos de Obligaciones Generales (“GO”) del Estado Libre Asociado, así como la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18,800 millones a $7,400 millones. En resumen, el pago anual de la deuda pública de Puerto Rico se disminuiría de un promedio de $2,500 millones a $1,150 millones.
La Cámara recesó sus labores hasta el martes, 15 de febrero de 2022.
